martes, 25 de marzo de 2008

Increíble, pero cierto

Los constructores piden al Gobierno ayudas públicas para salvar al sector

Si tras el shock inicial echamos un vistazo al calendario podremos asegurarnos de que el Día de los Inocentes ya pasó... Confirmar que no estamos soñando será también posible gracias a la ayuda de otra persona y un buen pellizco en zona a convenir. Serenos y conscientes ya a ciencia cierta de nuestro lugar en el espacio/tiempo no quedará más que admitir la veracidad de la noticia: el sector del ladrillo mágico pide ayuda...

¿Quién lo iba a decir? Parece que esa ayuda prestada durante muchos años por tanto alcalde corrupto y/o compulsivo recalificador no ha bastado a un sector ávido por seguir llenándose los bolsillos sin cuestionarse ni por un momento la conveniencia de mantener el ritmo de degradación del territorio que este envilecido urbanismo conlleva. Por ejemplo, ¿cómo pueden tener la cara dura de pedir desgravaciones fiscales para que la adquisición de una segunda vivienda sea más barata? Eso es simplemente ABERRANTE. Y es que no aprendemos la lección: aún sigue habiendo quien les apoya... Sin ir más lejos, así de complacientes ven la noticia desde el periódico Las Provincias

El sector del ladrillo pedirá al Gobierno en los próximos días nuevas y más intensas desgravaciones a la compra de vivienda. El objetivo, dar aire a un sector estratégico que se enfrenta un cambio de ciclo muy brusco. Entre las demandas podría incluirse la de implantar ventajas fiscales a la adquisición de segundas residencias.

Empresas y sindicatos, incluso, se plantean reclamar un plan de choque de medidas urgentes para mantener la actividad de un negocio que emplea a más del 15% de la población activa. La Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce) recuerda que "la marcha de la economía en general y del consumo va en paralelo a la vivienda".

Los últimos datos no dejan lugar a dudas. El sector residencial atraviesa uno de sus peores momentos de la historia, si no el peor. La desaceleración, que comenzó a mediados de 2006 de una manera controlada, se ha convertido en una caída a plomo y sin remedio por culpa de las hipotecas basura de Estados Unidos y sus todavía impredecibles consecuencias.

Los visados, la construcción de pisos, las ventas y todo el empleo vinculado a la vivienda retroceden sin remedio mientras los bancos ponen cada vez más problemas para conceder créditos, tanto a los particulares como a los promotores.

Se ha extendido el miedo a los impagos y todo lo que suene a inmobiliario se mira con recelo. El cambio de escenario (que por otra parte era inevitable, pues el ritmo de producción superaba con creces lo razonable desde hace ya varios años, como más de una vez había avisado el Banco de España) ha sido demasiado rápido y, en una economía como la española, tan dependiente del ladrillo, las consecuencias pueden ser nefastas.

Las decisiones del Banco Central Europeo han servido durante los últimos años de acicate del negocio inmobiliario español, gracias a unos tipos de interés históricamente bajos.

El problema es que, por primera vez, la construcción se enfrenta a una crisis sin que la política monetaria esté en manos del Gobierno. Las administraciones sólo tienen como armas las palancas tributarias y de gasto público.

El sector cree que la solución pasa, entre otras cosas, por medidas que estimulen la demanda. Una reacción contra el ciclo. Y nada mejor para eso que facilitar la compra, tanto de los pisos nuevos (cuya construcción no puede detenerse de golpe, dicen las empresas), como de los segunda mano, que quedan a miles sin vender en el mercado.

"No podemos pasar de un máximo a un mínimo de la producción en sólo un año y medio; somos conscientes de que el ritmo era insostenible, pero hay mucho empleo en juego", afirma Julio Gil, gerente de la Apce. Los promotores, que aseguran que también pondrán de su parte, recuerdan que se trata de "un sector estratégico", todo un "motor de la economía, que a todos conviene que vaya bien".

La patronal recuerda que una caída sin remedio contraería la demanda interna, y pondría en un brete no sólo las cuentas de las empresas sino las de todas las administraciones: la estatal, las de las autonomías y las de los ayuntamientos. Junto a unas mayores ventajas fiscales a la compra, subraya el responsable de Apce, el antídoto a la crisis pasa también por un mayor fomento de la rehabilitación, el alquiler, la vivienda protegida y la aportación de suelos públicos para la construcción de casas con algún grado de protección.

La preocupación no es exclusiva de las empresas. Los sindicatos son conscientes y conocedores del problema tanto o más que aquellas. De hecho, ya han reclamado que el plan esbozado por el Gobierno para dar salida a los parados de la construcción -cuyo desarrollo aún ha de pactarse con los agentes sociales- sea general y permanente, y no flor de un día. La posibilidad de un crash inmobiliario, cuyos primeros síntomas se aprecian ya en las estadísticas del paro, han puesto en alerta a todas las partes implicadas.

(J. Díaz de Aldamadrid para Las Provincias)

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