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lunes, 20 de octubre de 2008

Corrupción en Castilla León

El fiscal propone la imputación de la número dos de la Junta de Castilla León por el caso Ciudad del Golf
El vergonzoso caso de la Ciudad del Golf, conocido también como el de Las Navas del Marqués (Ávila) saltó a la luz hace dos años cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizó un polémico proyecto que contemplaba la construcción de 1.600 viviendas, dos campos de golf y un hotel de lujo en una zona protegida y de alto valor ecológico.

Ahora, cuatro años después de iniciarse el proceso, el fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, ha solicitado la imputación de María Jesús Ruiz, vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla León, basándose en que "la Consejería no tuvo en cuenta sus propias normas, ni tampoco tomó en consideración sus propios informes, no sólo ignorando el procedimiento establecido, sino que la ilegalidad de la resolución es tan evidente y manifiesta que sólo dejaría de percibirla el que tuviera interés en no verla", según consta en el escrito remitido por la fiscalía.

La resolución que dio el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental "no tuvo en cuenta otros informes" de técnicos que advertían de que la aprobación del plan parcial que autorizaba la recalificación de los terrenos afectaba a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y una Zona de Importancia para la Cigüeña Negra.

El fiscal jefe explica que aunque tuvo clara desde el principio la implicación de Ruiz en el caso, no ha decidido solicitar su imputación hasta haber tomado declaración a los otros 19 imputados y 13 testigos durante la fase de instrucción, a punto de concluir. Existen en su opinión indicios de responsabilidad penal por un delito de prevaricación, por haber dictado una resolución injusta, arbitraria y no razonada en la tramitación de la DIA para favorecer al promotor en 2004.
Otros implicados son el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, y el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Vega. Para todos ellos el fiscal jefe de Ávila solicita penas de inhabilitación especial.

En cuanto al promotor, Francisco Gómez 'El Paloma', se le responsabiliza de haber cometido un delito contra el medio ambiente al haber causado daños a especies protegidas. Se le acusa de haber talado más de 2.000 árboles entre el 3 y el 9 de octubre de 2006, después de que el TSJ paralizara el proyecto el 29 de septiembre de ese mismo año. Por todo ello podría solicitarse para él una pena de 1 a 4 años de cárcel.

Los colectivos ecologistas se mostraron muy satisfechos al conocer la noticia. No en vano ellos fueron quienes en noviembre de 2006 presentaron la denuncia por la vía penal, junto al sindicato CCOO.

La Ciudad del Golf, en medio del bosque
El caso de la Ciudad del Golf saltó a la opinión pública hace ahora dos años, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia paralizó este proyecto urbanístico promovido en esta localidad de 5.500 habitantes, situada en las proximidades de la Comunidad de Madrid, por Residencial Aguas Nuevas, S.L.

El alto tribunal anuló entonces la consideración como suelo urbanizable delimitado de las 210 hectáreas de terreno protegido en las que se pretendía realizar 1.600 viviendas, un campo de golf y dos hoteles de lujo con 300 plazas.

La sentencia fue dictada el 29 de septiembre de 2006, pese a lo cual los trabajos de despeje y desbroce comenzaron el 3 de octubre, lo que supuso la tala de unos 2.000 pinos, hasta que el 9 de octubre el Ayuntamiento navero ordenó parar las cortas.

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miércoles, 24 de septiembre de 2008

Anacronismo injustificable

Los cazadores podrán matar a 100 lobos este año en Castilla y León amparados por el gobierno regional.

100 lobos quizás no parezcan demasiados, pero conviene saber que estamos hablando de entre el 10 y el 30 por ciento de la población total que se estima vive actualmente en Castilla León. Así es normal que los grupos ecologistas hayan alzado su voz contra una propuesta no sólo anacrónica, sino también temeraria e injustificable, en mi opinión.

De verdad sorprende que tal medida cuente con el apoyo del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Mantenimiento del Lobo, un comité que está formado por los representantes de las consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, colectivos de agricultores, ganaderos y cazadores, representantes de las Universidades de Castilla y León, y el coordinador del Plan. La reunión en la que se aprobó semejante burrada (con perdón para los burros) no contó en cambio con la asistencia de ningún grupo ecologista ya que ni siquiera fueron informados sobre la celebración de la misma, según un comunicado de WWF/Adena.

Convendría que ahora la Junta de Castilla y León anulara los resultados de la reunión para volver a convocarla con la asistencia de los ecologistas y que el comité pudiera ejercer sus funciones con la seriedad y el rigor necesarios para un tema como éste.

Gedemol -Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa- incide en la necesidad de proteger al lobo para salvaguardar el ecosistema de la provincia. El número excesivo de animales que pueden ser presas del lobo como ciervos o jabalíes, puede estar contribuyendo a la extinción de especies de aves protegidas como el urogallo y la perdiz pardilla, por lo que la labor del lobo es necesaria para mantener el estado del ecosistema.

¿Razones o excusas?
Un dato significativo al respecto es el que aporta Gedemol sobre el coste económico derivado de la actividad del lobo ibérico en la zona de Riaño, unos 13.801 euros anuales para la Junta de Castilla y León, mientras que las indemnizaciones pagadas por los perjuicios ocasionados por ciervos y jabalíes alcanzan una media anual de 122.177 euros.

Confío en que la reunión vuelva a celebrarse y concluya con un resultado más racional y beneficioso para todos.

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