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viernes, 21 de febrero de 2020

¿Es el decreto de emergencia climática un puro paripé?

Hay que asumir que, definitivamente, nos toman por idiotas. ¿Para qué sirve que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos decrete la "emergencia climática" si son ellos mismos quienes en los hechos continúan atentando contra el medio ambiente y empeorando aún más la situación?

El ayuntamiento de Tarifa, en manos también del PSOE y con un supuesto "experto universitario en biodiversidad" en la alcaldía, va a permitir que se destruyan bajo el hormigón millones de metros cuadrados de lo poco que queda de costa sin urbanizar en el estado español.



Son nada menos que cinco las macrourbanizaciones autorizadas para ocupar más de 3 millones y medio de metros cuadrados de la costa del municipio de Tarifa y lindando con reservas naturales de especial importancia en Andalucía.

Más información en este artículo de La Voz del Sur.

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viernes, 31 de enero de 2020

Con PSOE y Unidas Podemos la destrucción de la costa continúa

"Hemos tomado nota del último temporal..."
"Hemos aprendido la lección tras la última burbuja inmobiliaria..."
"Hemos decretado la emergencia climática porque ahora si que..."
"El ministerio se llama de Transición Ecológica porque nos tomamos muy en serio..."
(...)
Bla bla bla. Pura palabrería. ¿Cuales son los hechos realmente? Con la Generalitat Valenciana y el gobierno central en manos del PSOE y Unidas Podemos se está urbanizando una de las últimas zonas de costa sin edificar que quedaban entre Torrevieja y la llamada "costa de Orihuela".



¿En serio hemos "parado a la derecha"? La construcción de dos grandes torres en primera línea de playa ha acabado ya con uno de los últimos reductos de suelo en primera línea sin urbanizar de la costa de Torrevieja. El terreno, de unos 20.000 metros cuadrados, con una fachada al mar de 300 metros, es urbanizable desde 1965, algo que recogió el PGOU de 1986. Hasta hace unas pocas semanas formaba parte de uno de los escasos rincones de la costa de Torrevieja, con su característico perfil de acantilado bajo a los que solo se podía acceder a pie -desde la playa oriolana de Punta Prima y por Rocío del Mar, en Torrevieja. El Ayuntamiento se hubiera enfrentado a una reclamación patrimonial millonaria en caso de querer paralizar este proyecto.

La propietaria del suelo, la urbanizadora Gomendio, impulsó el proyecto y la solicitud de licencias de obra mayor durante el anterior mandato municipal. Algo que obtuvo bajo la condición de preservar los restos arqueológicos en el cabo de Punta Prima del antiguo cuartel de carabineros con un aljibe -siglo XIX- y el refugio antiaéreo subterráneo de la Guerra Civil. En el mismo proceso, el Ayuntamiento desmanteló tres quioscos sin autorización en dominio público, ajenos a la constructora.

Gomendio va invertir 400.000 euros en cumplir ese compromiso de protección del patrimonio, que ya abordó en parte con la elaboración de un estudio arqueológico previo, en el que se pudieron delimitar los usos de los antiguos recintos. Sobre el terreno la empresa está respetando ese acuerdo. El foso para comenzar los cimientos de la estructura de las edificaciones ha dejado exenta, a simple vista, la galería del refugio de la Guerra Civil, que además ha sido apuntalado, para evitar que se venga abajo. El proyecto de la empresa contempla un uso público para esta actuación, en función de las directrices marcadas por la Generalitat, a instancias del Ayuntamiento. Eso sí, la galería del refugio estará singularmente integrada en subsuelo de las zonas comunes del residencial, en un espacio totalmente ajeno al original.

El sur de la parcela afecta en parte a suelo del término municipal vecino de Orihuela. Las administraciones de Torrevieja y Orihuela, siempre tan celosas a la hora de salvaguardar sus respectivos términos, no han tenido inconveniente a la hora de validar este proyecto. La misma empresa, enfocada a la demanda secundaria turística de poder adquisitivo medio alto, también es la promotora del polémico proyecto urbanístico de Cala La Mosca, unos cientos de metros más al sur y que ya cuenta con visto de la Generalitat desde mediados de 2019.

Esta misma zona del litoral sur del término municipal está cuajada de grúas torre de construcción para residencias turísticas de Gomendio -que ya ha terminado las primeras fases de este mismo residencial Panorama Mar y los solares que restaban de La Recoleta y el residencial de lujo de Grupo TM. Es una de las áreas residenciales más demandadas para el alquiler de apartamentos turísticos reglados.

De los quince kilómetros de litoral con los que cuenta el término solo se salvan ahora, por estar protegidos en el Plan de Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel) o en pleno dominio público marítimo terrestre los tramos de Lo Ferrís (870 metros lineales) y el cordón dunar de la playa de La Mata (560) y de forma parcial la zona de las calas.

(*) Fuente de la noticia: DIARIO INFORMACIÓN

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lunes, 16 de octubre de 2017

Naturaleza en el ocaso

Mientras observaba el otro día a una abeja yendo tranquila y meticulosa de flor en flor en una mata de romero se me ocurrió que, quizás, si la gente no perdiera la curiosidad y la capacidad de fascinarse por las pequeñas maravillas que la naturaleza nos ofrece -incluso en la más obvia de sus rutinas: las fases de crecimiento de una hoja; una lagartija caminando boca abajo- puede que no sintieramos tanta necesidad de viajar miles de kilómetros para sentir algo, seguramente parecido, ante los grandes monumentos o paisajes del mundo.

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También podría ser que, precisamente, uno de los factores que nos impulse a huir de la ciudad cada vez que hay ocasión sea, por un lado, la falta de esa naturaleza, tanto en cantidad como en calidad, en el entorno urbano en que se desarrollan la mayor parte de nuestras actividades que complica mucho, claro, las opciones de que esa 'fascinación por la vida' surja; y, por otro lado -pero derivado de éste- la falta de calidad de una planificación urbanística podrida de irracionalidad (en el peor sentido) y ajena a cualquier escala humana (la escala, de haberla, sería la del automóvil, la corrupción y la especulación) que, por desgracia, se ha convertido en norma.


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viernes, 30 de enero de 2015

Por la conservación de la huerta valenciana

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Si te preocupa la destrucción de la huerta que pretenden los nuevos planes urbanísticos del ayuntamiento de Valencia, entra en el blog, infórmate y difunde: https://hortaresist.wordpress.com/

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viernes, 27 de mayo de 2011

De la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis, por Aleix Saló

Tenéis que ver este video... sobre todo los que no sepáis de qué va esta crisis y aún creáis en las varitas mágicas de la derecha para crear empleo.

El dibujante Aleix Saló resume las causas de la crisis en España con inteligencia y humor ácido en el vídeo "De la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis". Aunque en realidad lo que se cuenta no tiene ninguna gracia: es la historia reciente de este país, una triste historia de rapiña y especulación, un territorio asolado por la avaricia de unos cuantos aprovechados y sin escrupulos, de corrupción política y mentiras interesadas. Un país hipotecado, con demasiadas casas y pocos hogares. Un estado donde prevalece la injusticia, donde los beneficios son privados y las deudas se colectivizan.



El video es una especie de prólogo al comic "Españistan, este país se va a la mierda" que Aleix Saló presenta esta misma tarde (27 de mayo a las 19:00) en Barcelona. Como él mismo cuenta "Españistán" es la historia de un cani (o un choni, o un poligonero, ya saben…) que, en su empeño por deshacerse de la hipoteca, deberá recorrer el Reino de Españistán para enfretarse con todos y cada uno de los malandrines, meapilas y soplagaitasque lo pueblan, dando lugar a un relato plagado de tópicos, tacos y faltas de ortografía, con bien de lobbies, parados, mileuristas, pensionistas, funcionarios, obispos, SGAE, telebasura, enchufes, sobornos y estilismos poligoneros.

Más información en su blog: http://estepaissevaalamierda.wordpress.com/

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martes, 24 de agosto de 2010

Españoles por el mundo...

Después de dejar España enladrillada de costa a costa las empresas constructoras buscan nuevos espacios vírgenes en el extranjero para arrasarlos impunemente con lucrativos megacomplejos turísticos al estilo de Cancún.

Greenpeace, junto con las organizaciones Wildcoast, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo A.C (ACCP), ha presentado esta mañana en México DF el informe Cabo Cortés: destruyendo el paraíso. En él se expone cómo Hansa Urbana, controvertida empresa de origen español (de Alicante, sin ir más lejos), tiene previsto construir un megacomplejo turístico en la zona protegida de Cabo Pulmo. Las organizaciones piden que no se lleve a cabo este proyecto, que pone en riesgo un ecosistema considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

En 2008 Hansa Urbana obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) la autorización para iniciar la construcción de Cabo Cortés en Los Cabos (Baja California Sur). Proyectado sobre una extensión superior a 3.800 hectáreas, contaría con un puerto deportivo de 490 amarres, dos campos de golf, capacidad para 30.000 habitaciones y 5.000 viviendas para los trabajadores, es decir una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún. Este desarrollo colinda con Cabo Pulmo, un Parque Marino Nacional que es parte de la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y que en 2008 fue incluido en el Convenio RAMSAR para la protección de humedales de importancia internacional. Tras dos años de lucha, y tras interponer recursos legales ante el CEMDA y Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), la SERMANAT decidió recientemente que no debía autorizar el proyecto.

Greenpeace considera que el hecho de que se otorgara inicialmente la autorización y ahora se pretenda modificar debido a irregularidades pone en evidencia la falta de rigurosidad a la hora de aprobar proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente. “Es increíble que autorice un proyecto depredador como Cabo Cortés con un solo trámite y dos años después, sólo por la presión de la sociedad y recursos legales, se decida modificar la autorización. ¿Cuántos proyectos similares existen con autorizaciones que implican el daño a ecosistemas? No queremos que se modifique la autorización de Cabo Cortés, queremos que se cancele pues hay argumentos que van más allá de los recursos legales, que ponen en riesgo a Cabo Pulmo”, explicó Alejandro Olivera, portavoz de Greenpeace México.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) emitió en julio de 2009 una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por la constructora Hansa Urbana, y sobre el impacto potencial del proyecto. También existe una opinión técnica de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha señalado la inviabilidad legal del proyecto dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y legislación. A pesar de esto la Semarnat decidió autorizarlo en 2008.

“Cabo Cortés puede tener un impacto totalmente destructivo sobre el arrecife de coral y todo el ecosistema. Su estudio de impacto ambiental presenta numerosas deficiencias que no han sido corregidas; se basa en información falsa o errónea; no analiza a fondo algunos de los impactos potenciales más graves; y no tiene en cuenta los problemas sociales que puede generar la llegada masiva de trabajadores a una región poco poblada y escasa de servicios”, ha denunciado Fay Crevoshay portavoz de Wilcoast.

La empresa promotora de Cabo Cortés, la constructora Hansa Urbana acumula en España una serie de investigaciones por irregularidades en el proceso de aprobación de su proyecto Novo Carthago (Cartagena, Murcia) especialmente en lo que se refiere a la tramitación urbanística y el proceso de recalificación de los terrenos. La Fiscalía de Murcia lo ha investigado después de conocer que el campo de golf va a construirse en un paraje protegido por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Por otro lado, en mayo de 2010 Rafael Gálea, director general de Hansa Urbana fue llamado a declarar por un juez en calidad de imputado, ya que existen “indicios racionales” de participación en delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos. La cuantía de los delitos superaría los seis millones de euros.

Greenpeace considera inaceptable que las empresas inmobiliarias y turísticas españolas, actores clave en el desarrollo insostenible llevado a cabo en España durante los últimos años, y que ahora se demuestra agotado, pretendan reproducir en otros países el desastre que ya han causado aquí. “Su modelo de negocio a corto plazo deja de lado los peligrosos impactos sociales, medioambientales y laborales de sus proyectos e hipoteca el bienestar de las generaciones futuras a cambio de beneficios rápidos para unos pocos. El proyecto de Cabo Cortés puede tener un impacto especialmente nefasto al afectar un ecosistema único, protegido nacional e internacionalmente y cuidado por los habitantes de la zona. Por eso nunca debe construirse”, ha explicado en México Mabel Bustelo de Greenpeace España.

Las organizaciones demandan que Cabo Cortés no sea autorizado y en su lugar proponen que se promuevan intensivamente los esfuerzos de protección de Cabo Pulmo por parte de la comunidad local, que ha usado un modelo de turismo respetuoso con el medio ambiente.

“Nosotros hemos vivido del ecoturismo y de la protección al área marina protegida de Cabo Pulmo. El proyecto Cabo Cortés pone en riesgo nuestro sustento de vida. No hemos sido considerados a pesar de que estamos en su área de influencia. Es injusto que se le otorgue la concesión de 4,5 millones de metros cúbicos anuales de agua en una zona desértica cuando a nosotros nos hace falta y que se descarguen salmueras que vayan a dar al arrecife”, concluyó Mario Castro, habitante de la comunidad de Cabo Pulmo y vicepresidente fundador de ACCP.

IMPACTOS DEL PROYECTO
- La planta desalinizadora descargará 500 litros por segundo de amargos y salmueras que pueden ir hacia al arrecife de Cabo Pulmo.

- Contraviene la legislación que establece que cualquier nuevo proyecto turístico debe asegurar su propio abastecimiento de agua y el de los núcleos de población que se generen como consecuencia. Sin embargo este proyecto, si se desarrolla íntegramente, consumirá el agua equivalente a una ciudad de 71.000 habitantes (4,5 millones de metros cúbicos anuales).

- No se tienen en cuenta los posibles impactos del cambio climático y los pronósticos de un cambio del nivel del mar en el Pacífico.

- La marina modificara el perfil de la costa y afectará a la vida en los fondos arenosos y a la disposición de la arena. Cuando esté funcionando se generará un importante tráfico, que previsiblemente causará vertido de combustibles, basuras y ruidos que afectarán a la zona y más allá.

- La autorización contraviene lo recomendado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ya que Cabo Pulmo se encuentra sin duda en la zona de influencia del proyecto.

- El estudio presenta problemas de identificación y de falta de muestreos adecuados y suficientes se presentan en relación aves, mamíferos y reptiles, varios de ellos especies en riesgo.

En la web de Greenpeace puedes ver una galería con imágenes de este espacio natural único amenazado por la constructora Hansa Urbana.

(*) Fuente de la noticia: GREENPEACE

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martes, 16 de marzo de 2010

La Cama Dura... y La Cara Dura

La economía española ha descansado durante demasiados años sobre un duro colchón... y ahora la crisis nos despierta con la espalda dolorida y una columna vertebral echa polvo. Por eso creo que es un buen momento para recordar a todos aquellos que decían que con el ladrillo se hacía una inmejorable cama, que ibamos a descansar todos de puta madre, que tendríamos felices sueños y que estos nos durarían para siempre...

Valencia (España)

Esta foto está aquí para que no olvidemos a esa panda de BASTARDOS.

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domingo, 16 de agosto de 2009

La verdad sobre Marina de Cope

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Crimen contra el patrimonio natural en Murcia

El Gobierno de Murcia pretende urbanizar el parque natural de Cabo Cope con 40.000 plazas hoteleras y cinco nuevos campos de golf en lo que supone un salvaje ataque al patrimonio natural de la región y una sentencia de muerte para las especies protegidas que lo habitan

Pocos lugares quedan en el litoral español donde se conserve un habitat natural libre de asfalto y cemento, unos espacios escasos donde pequeñas poblaciones de animales amenazados por la extinción aún subsisten. Uno de esos lugares es el parque regional Cabo Cope y Puntas de Calnegre, cerca de Cartagena.

Se trata del lugar en el que el Gobierno regional de Murcia intenta edificar 40.000 plazas hoteleras, 11.000 viviendas unifamiliares, 5 campos de golf de 18 hoyos y 10 campos de fútbol. Además, se dragará la costa para instalar 2.000 puntos de amarre. Parecía que una monstruosidad urbanística como Marina D'or no podría repetirse otra vez pero el Gobierno de Murcia está empeñado en dejar pequeña a la ciudad de vacaciones de Oropesa de Mar.

El megaproyecto urbanístico comenzó por el tejado. Primero la autopista de peaje y un aeropuerto, ahora en construcción.

Para llegar al parque tomamos la "autopista de pillaje", una carretera que va de la nada a ninguna parte. Sale de las afueras de Cartagena y llega a Vera, en Almería, circulando en paralelo a la autopista del Mediterráneo. El megaproyecto urbanístico comenzó por el tejado. Primero la autopista de peaje y un aeropuerto, ahora en construcción.

Por el camino recorremos una serie de secarrales y salidas que no dan a ningún lado. Ni un coche en los cuatro carriles. "Esperaban que pasaran unos 7.000 coches al día pero como no pasan ni 1.500 la empresa adjudicataria ha pedido ser rescatada y que socialicemos las perdidas", cuenta Rubén. Las pintadas en los puentes señalan al culpable: "ZP ayuda a Cataluña y roba a Murcia".

Tras una hora de carretera llegamos a nuestro destino. En Cabo Cope no hay nada construido todavía. Están a la espera de los permisos de los municipios y, sobre todo, superar el recurso ante el Constitucional impulsado por los ecologistas locales. Ellos se definen como los galos de Astérix versión murciana. "Aquí lo que triunfa es comprar a los viejos con morcilla y pandereta", se lamenta Ascen.

Lo suyo tiene mérito. Cuentan que cuando acudían fuera de Murcia a las manifestaciones contra el trasvase del Ebro eran jaleados y manteados. "Somos pocos, pero somos una mosca cojonera que va retrasando cada plan urbanístico con contenciosos", dice Rubén. A cambio reciben unas cuantas amenazas de muerte. Y se les acumula el trabajo porque el 50% de los concejales de Murcia han sido imputados, casi todos por corrupción urbanística.

En lo alto de Cabo Cope hace calor pero sopla el viento. Desde aquí se puede ver el criterio con el que decidió desproteger el parque. Una enorme llanura rodeada de montañas. Se podrá construir en las zonas planas (el 64%) y sólo se dejará como espacio protegido los empinados barrancos. Los propietarios pensaron al principio que con el proyecto se forrarían pero la realidad que les espera no es tan millonaria. Sus tierras serán expropiadas por un bajo valor catastral.

A las calas casi desiertas y a los fondos marinos de la zona les espera un negro futuro. El típico paseo marítimo bordeará la costa. Un águila sobrevuela la zona buscando presas. En el lugar habitan especies protegidas: tortugas moras, halcones peregrinos, águilas perdigueras y el camachuelo trompetero. Ni son los usuarios de un campo de golf, ni importan a quienes se quieren lucrar con el último rincón de este espacio natural.

"Como no saben de medio ambiente cometen errores en el desarrollo de los proyectos. Les metemos cada leñazo", presume Rubén. El proyecto no tiene ningún viso de sostenibilidad en una comunidad autónoma que consume 2,5 veces el agua que produce. Los campos de golf están obligados a usar aguas residuales. Rubén cree que se trata de un comportamiento hipócrita, porque si te acercas a las depuradoras de los campos de golf puedes ver cómo están secas. Nadie las usa.

El Gobierno murciano está decidido a completar el proyecto. "El promotor es el propio Gobierno y su mayor dificultad es colocar como si de un puzle se tratara todo lo que quiere construir en el parque", dice Rubén.

(*) Fuente de la noticia: diario Público

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miércoles, 29 de julio de 2009

Banderas negras en la costa española

La degradación del litoral en España continúa a un ritmo alarmante pese a la crisis. 311 banderas negras ondean desde Tarifa a Finisterre bajo el salvaje viento del urbanismo hispano y sus memorables pelotazos

Ecologistas en Acción ha presentado su informe 'Banderas Negras 2009. La crisis, una oportunidad para la costa' en el que tras analizar el litoral español han otorgado 311 banderas negras a zonas con degradación ambiental alta y con graves amenazas sobre sus ecosistemas, así como 392 puntos negros a lugares con impactos puntales o de menor gravedad.

Por comunidades autónomas, Galicia encabeza esta triste clasificación con 55 banderas negras y 102 puntos negros; seguida de Andalucía (51 y 63), Comunidad Valenciana (34 y 40) y Murcia (32 y 36).

Tras analizar los puertos, el urbanismo, los vertidos y las obras realizadas en el litoral, se elaboró este informe que advierte de la desnaturalización del territorio costero. Éste supone tan sólo el 7 % del total del Estado pero concentra al 50% de la población, de ahí que los ecologistas recuerden que se encuentra muy por encima de su capacidad de carga.

Además, avisan del alarmante proceso de 'mediterranización' de la costa norte de la península: en Galicia se planean 121 puertos deportivos (unos 19.000 amarres), en Asturias 4.000 viviendas nuevas, y en Cantabria 2.500 nuevos amarres.

El responsable del Área Marina de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, ha asegurado que Galicia es la comunidad que más ha empeorado su situación con respecto al año pasado y ha advertido de que su previsión de futuro es "bastante mala".

Sin embargo, Sáez ha destacado que si bien en ninguna comunidad autónoma ha disminuído el número de banderas y puntos negros, sí que se nota una mejoría en el número de depuradoras, que ha aumentado en el último año, citando los casos de Algeciras y Mar Menor.

Elvira Espinosa, coordinadora de la Campaña Banderas Negras, ha criticado los 230 millones de euros invertidos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, la mayor parte de ellos en paseos marítimos y en regeneración de playas, obras que van contra su propio Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

De la misma manera, la coordinadora de la Campaña Banderas Negras, dice que tampoco entiende cómo en un entorno natural privilegiado de Tenerife se ha pretendido invertir 43 millones de euros para sacar adelante el Puerto de Granadilla, proyecto recientemente paralizado por la Unión Europea y que tiene enfrentados a los ciudadanos con las instituciones desde antes de la democracia.

La organización ecologista defiende que la crisis es una oportunidad para la costa, una oportunidad para cambiar el modelo social y económico del turismo. Abogan por la responsabilidad del ciudadano y de las instituciones. A la larga, avisan, "lo que no es ecológico, no es económico".

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miércoles, 4 de febrero de 2009

La ley de costas española, ¿también en crisis?

WWF Adena muestra su rechazo a la modificación de la Ley de Costas propuesta por el gobierno español

La propuesta de modificación que ha presentado el gobierno no ha gustado nada a los ecologistas. Según Adena, "esta Ley fue creada para defender la integridad del litoral español, no para facilitar la compra-venta de inmuebles en primera línea de costa e incrementar la presión urbanística" como ocurriría con esta modificación.

El objetivo fundamental de la aprobación de Ley de Costas (22/1988, de 28 de julio) fue, en su momento, defender la integridad del litoral por estar sometido a una gran presión urbanística. Sin embargo, la modificación propuesta por el Gobierno significa dar un paso atrás en la protección de las costas.

Dos son las amenazas principales que están reconocidas por la propia ley: la destrucción de los ecosistemas naturales y la privatización de su uso, mediante el otorgamiento de concesiones para que sustraían del disfrute común grandes extensiones de la ribera del mar para uso privado.

Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, “La Ley de Costas es el único instrumento con el que contamos para proteger nuestro litoral de la desnaturalización, aunque en muchas ocasiones con escaso éxito” Según WWF, en España, las infraestructuras y el desarrollo costero han producido la pérdida del 75% de los sistemas dunares en el Mediterráneo y el 70% de los humedales costeros están alterados o degradados.

Según la Constitución española, la ribera del mar y las playas son bienes del dominio público marítimo-terrestre y la Ley de Costas pretendía su incorporación al mismo transformando los derechos de propiedad, indebidamente existentes en la costa, en concesiones por treinta años, y, excepcionalmente, prorrogables por otros treinta.

Con la reforma impulsada desde el gobierno, se pretende que estas concesiones residuales que no estaban en el mercado inmobiliario (por no ser objeto de compra-venta) ahora se incorporen al mismo favoreciendo la especulación de los bienes presentes en la línea de costa. Así, estas concesiones que estaban destinadas a extinguirse y ser incorporadas al dominio público marítimo-terrestre, por contra se revalorizarán y esto dificultará su recuperación para el dominio público antes de su vencimiento.

“Desde su creación, la Ley de Costas ha sufrido numerosas modificaciones para disminuir los mínimos de protección establecidos en 1988. Cada vez que ha habido un intento de aplicación estricta, como ha ocurrido con los deslindes en los últimos años, se promueve una reforma de este tipo que disminuye la protección del litoral”, añadió Juan Carlos del Olmo. ”Y no es la primera vez que se realiza estas modificaciones de la Ley sin participación pública”

Según WWF, se da el agravante de que este proyecto de Ley no ha sido objeto de participación ninguna, ni siquiera ha pasado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Estos hechos vulneran el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, de participación en materia de medio ambiente. Las organizaciones ecologistas han mostrado su rechazo a esta forma de tramitar la modificación de la Ley de Costas ante la Ministra de MAMRM y el Ministro de Justicia.

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martes, 25 de marzo de 2008

Algunas de las perlas donadas por el sector de la construcción a la sociedad

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Increíble, pero cierto

Los constructores piden al Gobierno ayudas públicas para salvar al sector

Si tras el shock inicial echamos un vistazo al calendario podremos asegurarnos de que el Día de los Inocentes ya pasó... Confirmar que no estamos soñando será también posible gracias a la ayuda de otra persona y un buen pellizco en zona a convenir. Serenos y conscientes ya a ciencia cierta de nuestro lugar en el espacio/tiempo no quedará más que admitir la veracidad de la noticia: el sector del ladrillo mágico pide ayuda...

¿Quién lo iba a decir? Parece que esa ayuda prestada durante muchos años por tanto alcalde corrupto y/o compulsivo recalificador no ha bastado a un sector ávido por seguir llenándose los bolsillos sin cuestionarse ni por un momento la conveniencia de mantener el ritmo de degradación del territorio que este envilecido urbanismo conlleva. Por ejemplo, ¿cómo pueden tener la cara dura de pedir desgravaciones fiscales para que la adquisición de una segunda vivienda sea más barata? Eso es simplemente ABERRANTE. Y es que no aprendemos la lección: aún sigue habiendo quien les apoya... Sin ir más lejos, así de complacientes ven la noticia desde el periódico Las Provincias

El sector del ladrillo pedirá al Gobierno en los próximos días nuevas y más intensas desgravaciones a la compra de vivienda. El objetivo, dar aire a un sector estratégico que se enfrenta un cambio de ciclo muy brusco. Entre las demandas podría incluirse la de implantar ventajas fiscales a la adquisición de segundas residencias.

Empresas y sindicatos, incluso, se plantean reclamar un plan de choque de medidas urgentes para mantener la actividad de un negocio que emplea a más del 15% de la población activa. La Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce) recuerda que "la marcha de la economía en general y del consumo va en paralelo a la vivienda".

Los últimos datos no dejan lugar a dudas. El sector residencial atraviesa uno de sus peores momentos de la historia, si no el peor. La desaceleración, que comenzó a mediados de 2006 de una manera controlada, se ha convertido en una caída a plomo y sin remedio por culpa de las hipotecas basura de Estados Unidos y sus todavía impredecibles consecuencias.

Los visados, la construcción de pisos, las ventas y todo el empleo vinculado a la vivienda retroceden sin remedio mientras los bancos ponen cada vez más problemas para conceder créditos, tanto a los particulares como a los promotores.

Se ha extendido el miedo a los impagos y todo lo que suene a inmobiliario se mira con recelo. El cambio de escenario (que por otra parte era inevitable, pues el ritmo de producción superaba con creces lo razonable desde hace ya varios años, como más de una vez había avisado el Banco de España) ha sido demasiado rápido y, en una economía como la española, tan dependiente del ladrillo, las consecuencias pueden ser nefastas.

Las decisiones del Banco Central Europeo han servido durante los últimos años de acicate del negocio inmobiliario español, gracias a unos tipos de interés históricamente bajos.

El problema es que, por primera vez, la construcción se enfrenta a una crisis sin que la política monetaria esté en manos del Gobierno. Las administraciones sólo tienen como armas las palancas tributarias y de gasto público.

El sector cree que la solución pasa, entre otras cosas, por medidas que estimulen la demanda. Una reacción contra el ciclo. Y nada mejor para eso que facilitar la compra, tanto de los pisos nuevos (cuya construcción no puede detenerse de golpe, dicen las empresas), como de los segunda mano, que quedan a miles sin vender en el mercado.

"No podemos pasar de un máximo a un mínimo de la producción en sólo un año y medio; somos conscientes de que el ritmo era insostenible, pero hay mucho empleo en juego", afirma Julio Gil, gerente de la Apce. Los promotores, que aseguran que también pondrán de su parte, recuerdan que se trata de "un sector estratégico", todo un "motor de la economía, que a todos conviene que vaya bien".

La patronal recuerda que una caída sin remedio contraería la demanda interna, y pondría en un brete no sólo las cuentas de las empresas sino las de todas las administraciones: la estatal, las de las autonomías y las de los ayuntamientos. Junto a unas mayores ventajas fiscales a la compra, subraya el responsable de Apce, el antídoto a la crisis pasa también por un mayor fomento de la rehabilitación, el alquiler, la vivienda protegida y la aportación de suelos públicos para la construcción de casas con algún grado de protección.

La preocupación no es exclusiva de las empresas. Los sindicatos son conscientes y conocedores del problema tanto o más que aquellas. De hecho, ya han reclamado que el plan esbozado por el Gobierno para dar salida a los parados de la construcción -cuyo desarrollo aún ha de pactarse con los agentes sociales- sea general y permanente, y no flor de un día. La posibilidad de un crash inmobiliario, cuyos primeros síntomas se aprecian ya en las estadísticas del paro, han puesto en alerta a todas las partes implicadas.

(J. Díaz de Aldamadrid para Las Provincias)

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martes, 8 de enero de 2008

Urbanismitis de costa a costa

Benidormizado ya el litoral mediterráneo hasta su última cala, los salvapatrias del ladrillo mágico buscan nuevos territorios vírgenes para poder seguir ejerciendo su solidaria labor, dando solución al problema de la vivienda, creando empleo, y ya de paso ordenando esa naturaleza salvaje e inhóspita para el bien común de los españoles.

"Ay constructores, os recibimos con alegría.
Viva el tronío, de ese ladrillo y su poderío"
-Bienvenido Mr. Marshall. Versión 2008-


Confío tengan algo más de sentido del que ha habido por aquí. Es que no hablamos ya de pan para hoy y hambre para mañana: en cuestiones de urbanismo, ese pan para hoy implica muchas veces hambre para siempre, pues así de trascendente es su impacto en el territorio, en el espacio y en el tiempo. Así el mal urbanismo es capaz de convertir bonitos pueblos en feas pseudociudades, crea ghetos de golf para jubilados y ricos despistados, y residenciales pueblos fantasma carentes de servicios. Pues cuando ese gran culo de cemento se sienta, ya no hay quien lo levante. Menos que nadie van a hacerlo nuestros cortoplacistas políticos, encantados de cederle estos nuestros asientos al mejor postor.

¿Quién da más?

A continuación el reportaje completo sobre los planes urbanísticos en Asturias publicado por Javier Cuartas en el diario El País el 08/01/2008

Los ecologistas denuncian planes para construir 60.000 nuevas viviendas en el litoral asturiano.

Fue de las primeras autonomías en proteger el litoral. Tal madrugón legislativo le permite presumir ahora de ser una de las comunidades que mejor conserva su zona costera, lo que la convierte en una codiciada presa para los predadores urbanísticos. La costa asturiana afronta su momento más delicado.

Asturias tiene la franja costera mejor conservada y menos urbanizada de España. Es el mismo diagnóstico del trabajo Destrucción a toda costa (2007), de la organización ecologista Greenpeace; del informe Sostenibilidad en España 2006, del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), y del estudio Perfil ambiental 2005, del Ministerio de Medio Ambiente. Es también, lo que el geógrafo Fermín Rodríguez, director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo, ha denominado "el excepcionalismo asturiano".

"Los grandes del ladrillo miran ahora al Cantábrico", dice un consejero
Pero lejos de ser un motivo de tranquilidad, el dato es causa de inquietud ante el temor de que Asturias sea la próxima pieza a cobrar por los buscadores de oportunidades, precisamente por la mayor preservación de su litoral y por haber logrado eludir, hasta ahora, la amenaza del urbanismo despiadado que ya ha dañado de forma irreversible otras zonas de la costa española.

La presión ya ha comenzado. Los ecologistas denuncian que hay planes para edificar 60.000 nuevas viviendas en la franja marítima asturiana. Los ayuntamientos reducen esa cifra a 25.000 y aseguran que son planes para los próximos 10 años.

Entre los sectores conservacionistas asturianos existe el convencimiento de que el Principado es el próximo objetivo del afán predador de quienes, en la creencia de que el modelo mediterráneo está agotado por saturación, han visto en la costa cantábrica y, en particular en Asturias, por su alto grado de conservación e imagen de calidad ambiental, la próxima zona de expansión de la construcción residencial para segundas viviendas en el litoral.

El Gobierno asturiano ( PSOE)intenta lanzar un mensaje tranquilizador y asegura que en ningún caso va a tolerar la destrucción de costa. Asturias ha sido pionera en prohibir (desde 1993 mediante directrices de ordenación territorial y por ley desde 2002) la construcción a menos de 500 metros del mar, salvo núcleos urbanos preexistentes.

El Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), de mayo de 2005, impulsado por el Gobierno, entonces de coalición entre los socialistas e Izquierda Unida, reforzó aún más esa cautela, y señala las 16.568 hectáreas donde no se puede construir: toda la zona costera fuera de cascos urbanos en esa franja de 500 metros. Además, el plan incluye actuaciones sobre 981.500 metros cuadrados a lo largo de la costa donde habría que regenerar "puntos negros", mediante la expropiación o la remodelación de zonas para atenuar impactos negativos.

Pero el temor sigue. En los 19 municipios marítimos asturianos la sociedad civil ha empezado a movilizarse y se multiplican los colectivos, plataformas y movimientos ciudadanos para oponerse a los proyectos de nuevas urbanizaciones Por unas u otras razones, una multinacional estadounidense, Landmark, que pretendía acometer un gran proyecto residencial en Cudillero para turistas de alto poder adquisitivo, acaba de desistir.

El PP asturiano ha sostenido en este tiempo que no hay "ninguna amenaza" y que los mecanismos de protección existentes pueden ser incluso "excesivos".

El temor a que Asturias haya sido elegida como la próxima presa de la concupiscencia urbanizadora se fundamenta, en primer lugar, en sus ventajosas condiciones de conservación, muy atractivas para los demandantes de segunda vivienda (sobre todo vascos y madrileños) que huyen del modelo masificado. También en los proyectos que han ido emergiendo a medida que avanzan las obras de construcción de la Autovía del Cantábrico a lo largo de la fachada marítima. Y además, en la convicción de que existe un creciente segmento de turistas que vuelven su mirada hacia el veraneo norteño, que desde el último tercio de siglo XIX y hasta los años 60 había sido la referencia del asueto de las clases dirigentes y pudientes españolas. Entonces el detonante fue el ferrocarril y ahora, las autovías, y, en el futuro, el AVE.

Con unos 500 kilómetros de perímetro costero (unos 236 kilómetros en línea recta), Asturias es, tras La Coruña y Tenerife, la tercera provincia española con más litoral, y ello es otro acicate para alentar un creciente número de proyectos inmobiliarios. La región ofrece en su fachada marítima 192 playas, zonas de dunas, seis rías, numerosos tramos de abruptos acantilados y el segundo mayor número de puertos de España (por detrás de la provincia de Pontevedra) en muchos de los cuales han ido desarrollándose puertos deportivos.

A ese potencial se suma una singularidad insólita en Europa: la gran cercanía entre la alta montaña (Picos de Europa y Cordillera Cantábrica) y el mar, lo que permite conciliar, en muy cortos desplazamientos, dos ofertas de ocio y paisaje muy diferenciados.

No obstante, que en la comparativa con otras comunidades Asturias salga victoriosa en la protección de su costa no implica que no se hayan perpetrado excesos durante el desarrollismo de los 60 y primeros 70 que hoy no se permitirían.

Este año, Greenpeace alertó de la existencia de 14 "puntos negros" o situaciones de riesgo en 13 concejos del litoral asturiano (Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Gozón, Avilés, Soto del Barco, Cudillero, Valdés, Tapia de Casariego y Castropol) en casi todos los casos por proyectos urbanísticos vinculados a campos de golf. Izquierda Unida denunció en 2006 que sobre el litoral asturiano pesa la amenaza de 60.000 futuras viviendas en proyecto para una comunidad con poco más de un millón de habitantes. La Coordinadora Ecologista las cuantifica en 66.200. Según estas fuentes, los 19 ayuntamientos costeros de la región podrían ingresar por estas licencias del orden de 667 millones de euros. Y Greenpeace habla de 40.300 (15.000 de ellas en un solo municipio: Llanes, y entre 5.000 y 9.000 en Ribadesella).

Los ayuntamientos, agrupados en la Federación Asturiana de Concejos (FACC) lo niegan. Aseguran que lo previsto está en torno a las 25.000 viviendas en todo el litoral de la comunidad y en un plazo de diez años. El Principado y el PSOE aducen que una cosa es lo que quieran hacer los promotores y los ayuntamientos y otra lo que se les vaya a permitir.

El Gobierno asturiano (PSOE) está ahora en medio de dos fuerzas de presión de sentido inverso y ambas muy fuertes. Por un lado, la de quienes se oponen a nuevos desarrollos residenciales -IU, grupos ecologistas, movimientos vecinales y colectivos de veraneantes, tanto asturianos como foráneos, que ya disponen de segunda residencia en la costa y no quieren que se les masifique el entorno- y, por el otro, promotores y constructores que consideran que Asturias es la última gran oportunidad de territorio relativamente virgen, y también los ayuntamientos, que ven en el turismo y las licencias de construcción una pujante fuente de ingresos.

"No vean lo que cuesta aguantar el tipo ante la presión urbanística sobre la costa. Muchas veces debemos decir no a proyectos que crean empleo", admitió el presidente asturiano, el socialista Vicente Álvarez Areces. Las autoridades regionales aseguran que en el Principado no se repetirá el modelo urbanístico del Mediterráneo ni el de otras zonas del Cantábrico, en las que el daño es ya es irreparable. El consejero de Ordenación del Territorio, Francisco González Buendía, reconoció hace un año que los grandes inversores del ladrillo "miran ahora hacia el Cantábrico" pero que el Principado estará "vigilante" y no permitirá un desarrollo urbanístico "insensato".

El presidente de la patronal asturiana de empresas constructoras (CAC), Serafín Abilio Martínez asegura: "Hemos apostado por el plan de ordenación del litoral que nos planteó el Gobierno porque queremos hacerlo bien y abordar un crecimiento sostenido de la segunda vivienda". La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) considera que la economía asturiana precisa un desarrollo urbanístico y residencial de la costa y que es posible hacerlo sin perpetrar ni los errores ni los abusos edificatorios de otras franjas costeras españolas.

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sábado, 1 de diciembre de 2007

Más sobre parcheado urbanístico

Montserrat empezará a derribar 15 de los 5.000 chalés construidos en suelo no urbanizable

El Ayuntamiento de Montserrat acordó, por unanimidad, el derribo de las construcciones de nueva planta situadas en suelo no urbanizable y que sea imposible legalizar, según informó ayer a LAS PROVINCIAS el edil de Urbanismo, Joan García Perales. García explicó que, "por el momento, se han abierto un total de 15 expedientes sobre irregularidades urbanísticas, aunque en los próximos días es posible que aumente esta cifra".

En la actualidad, según fuentes municipales, hay unas 5.000 construcciones en suelo no urbanizable desperdigadas por todo el término municipal, entre chalés y chabolas de uralita. "En los últimos cinco años se han construido más de 200 viviendas", agregó García, en muy diferentes zonas del término, en una política que desean zanjar.

En el pleno se aprobaron dos expedientes de derribo, y en próximas sesiones se irán presentado nuevas expedientes según se vaya cerrando la fase administrativa.

Ahora, en el caso de los dos expedientes aprobados, el siguiente paso, según confirmó el edil, será notificar al propietario de la casa el expediente sancionador.

A partir de ese momento, "el propietario tendrá un mes para proceder al derribo, si no lo hace podrán aplicarse hasta diez denuncias por incumplimiento y cuando proceda, el Ayuntamiento ejecutará el derribo a cargo del propietario". Pero, "nosotros no esperaremos más de dos meses", señaló el responsable de Urbanismo.

En relación a los expedientes de demolición, el concejal señaló que es "urgente ordenar el territorio de Montserrat en cumplimiento de la normativa urbanística y por el bien del futuro del pueblo".

El concejal recordó que la medida "afecta a las construcciones de nueva planta detectadas a partir del 30 de junio de 2007" y que se ha simplificado el procedimiento de los expedientes de demolición, que en cinco semanas pueden estar resueltos.

Sobre la regularización de las casas con más de cuatro años, consolidadas según la norma, García aseguró que en estos casos "se procederá a la autorización de reparaciones necesarias, pero nunca se darán licencias de obra para ampliaciones".

García subrayó también que el Ayuntamiento de Montserrat, tras una fase de replanteamiento de la política urbanística desarrollada en los últimos diez años, ha iniciado "una etapa de responsabilidad y coherencia" para "impedir que se construya sobre suelo protegido o rústico".

Tras recalcar que es la primera vez que todas las fuerzas políticas del municipio aprueban por unanimidad una medida urbanística de estas características, García recordó que la construcción ilegal, "además de ser un delito penal, es un delito medioambiental y social, ya que afecta al desarrollo sostenible de los pueblos".


Noticia publicada en el diario Las Provincias el 1 de diciembre de 2007

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jueves, 29 de noviembre de 2007

Sobre el urbanismo

Esa comprometida tarea de gestionar el territorio y algunos de nuestros recursos naturales - los planes urbanísticos: ¿a quien se le ocurrió dejarla en manos de las corporaciones municipales? Al margen de escándalos como éste de Totana, de lo que no se habla tanto en los medios es de la trascendencia de la actividad urbanística por sí misma...

Imáginemos que sin permiso e inesperadamente alguien se presentara en nuestra casa para reformarla a su gusto y criterio: dicho y hecho nos cubre los muebles con estiercol, instala un corral con cerdos en el salón, tapia las ventanas con ladrillos, y nos revienta el suelo para plantar coles... ¿Qué haríamos? ¿Qué nos parece la idea? ¿Razonable? Pensemos un poco...

El urbanismo determina decisivamente el aspecto de los escenarios en los que se desarrolla nuestra vida: nuestros paisajes, nuestra arquitectura, nuestros pueblos y ciudades, nuestra huerta...

¿Acaso son nuestros? ¿Dónde empieza y dónde acaba "lo nuestro"? ¿Nos importa de verdad?

Dotados para la empatía, el arte, el pensamiento complejo, la apreciación de la belleza, y la conciencia, vivimos una realidad atrofiada y preferimos nuestro bonito ataud, nuestra casa, a la casa de todos: el pueblo, la huerta... la tierra

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El pastel urbanístico y sus ilustres excrecencias

La Guardia Civil detiene al actual alcalde de Totana por la trama de corrupción urbanística

La Guardia Civil ha detenido al actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, al actual jefe de la Policía Local y a la secretaria municipal por la presunta trama de corrupción que ha puesto al descubierto la Operación Totem en dicho consistorio. En las próximas horas es posible que se detenga a otro empresario relacionado con la trama.

Custodiado por la Guardia Civil, el empresario Pedro Martinez (dueño del hotel Olimpia y de una gasolinera) ha entrado en la sede del Ayuntamiento, donde desde primeras horas de la mañana se están practicando registros en las dependencias municipales, previo desalojo de todo su personal.

Agentes del instituto armado están también practicando registros en la sede a la sociedad municipal de suelo industrial, cuyo responsable es José María Delgado.

Los anteriores seis detenidos en Murcia por la presunta trama de corrupción en el ayuntamiento de Totana han pasado a disposición judicial poco antes de las ocho de la mañana. Fuentes de la investigación han confirmado que el abogado personal de Morales, Javier Cegarra, ha sido imputado en el caso.

Agentes de la Guardia Civil que participan en la operación interceptaron un maletín en poder de Javier Cegarra, con documentación importante para la investigación. El letrado colaboró, a través de su empresa, en la elaboración del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Totana, en los años en los que Morales estuvo al frente del Ayuntamiento (2003-2007).

El actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), rescindió el contrato del Ayuntamiento con la empresa de Cegarra, que ejercía labores de consultoría en el área de Urbanismo por 1.800 euros al mes. Preguntado por EL PAÍS, el abogado de Morales aseguró: "Lo que puedo asegurar es que ya no soy el letrado de este señor, Juan Morales, porque he renunciado a defenderle. No quiero saber nada de él, porque bastante me ha perjudicado. Pero quiero que tengan en cuenta que en el bufete Cegarra no tenemos nada que ver con ningún tipo de delito".

El ex alcalde - actualmente diputado regional por el Partido Popular - es el principal sospechoso de la presunta trama de corrupción que ha sacado a la luz la Operación Totem que va por seis detenidos por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales por el pago de comisiones para recalificar más de 2,2 millones de metros cuadrados rústicos para construir 5.040 viviendas.

Los seis primeros detenidos en Murcia por la presunta trama de corrupción han pasado a disposición judicial poco antes de las ocho de la mañana. Entre ellos se encuentran la ex mujer del ex alcalde de Totana, Juan Morales, y su actual pareja. En el registro de la vivienda de María del Carmen Jordán, ex mujer de Juan Morales e imputada en el caso, los agentes encontraron numerosos documentos oficiales del Ayuntamiento de Totana, que según fuentes de la investigación no deberían estar en poder de una particular.

También se encontró documentación oficial del Ayuntamiento de Totana en la asesoría de Jordán. Preguntada por los agentes, la ex mujer de Morales aseguró que ella era una simple secretaria de la empresa, y que era realmente su marido, Juan Morales, quien dirigía a los empleados.

Fuentes de la investigación no descartan nuevas detenciones en las próximas horas en otros municipios murcianos.

* (Noticia publicada en el diario El País por Tono Calleja el 29/11/2007)

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miércoles, 21 de noviembre de 2007

Proyectan construir viviendas en una isla artificial frente a la Malvarrosa


Con la que está cayendo, y aún se atreven a proponer semejante aberración, una isla artificial frente a la Malvarrosa, el colmo de los engendros... y sin ningún rubor, oye. Vamos,¡si nos quieren urbanizar hasta el horizonte! Es para rasgarse las vestiduras, y ya de paso las venas, a lo bonzo, y sin paracaídas. La propuesta tampoco es que sea original, pues ya están en marcha obras similares en países como Emiratos Árabes, pero con una diferencia importante: allí la isla se sitúa frente al desierto. Aquí, sin embargo, hay una ciudad, y en ella todavía vivimos algunos a los que un montón de adosados llenos de pijos no nos parece el complemento apropiado para un Mediterráneo al que ya hemos maltratado bastante. Parece que otros no piensan igual, ¡con lo bonito que se ve el sol al amanecer! Quizás un daltonismo desviado les impide apreciar otros colores que no sean los del verde de los billetes.

Y llaman a "eso" "un barrio más"... A mí sin ir más lejos me pillaría de paso para cuando fuera a comprar al Mercaflota.

Pero cuidado que no se trata de un proyecto elitista: por sólo 300.000 euros ya podemos tener nuestro pisito de 40m2 en primera línea de algas, y eso ya sabemos que lo paga cualquier hijo de vecino con unas horillas extra y sin despeinarse. ¿Qué no? Dicen que 1000 familias podrían habitarlo... ¿familias de Pin y Pon, y avezados quinielistas? ¿Qué tal si buscamos a Nemo en los cimientos?

Lo peor es la piel de cordero "ecologista" con que tratan de disfrazar al engendro, aprovechando que el Pisuerga pasa por la casa de Al Gore. Dejemos las cosas claras: un proyecto basado en la mayor aberración ecológica y paisajistica de la historia de esta ciudad no puede ser "ecologista" porque sus casas sean bioclimáticas, o sus habitantes caguen mármol.

Y es que si el mar no es bonito para todos, no es bonito.

Transcribo a continuación la noticia completa, tal cual ha sido publicada hoy en el diario El Mundo (todo hay que decirlo, con una complacencia que me hace imaginar la redacción del periódico inundada de babas):

Una isla artificial frente a playa de La Malvarrosa

Presentan un proyecto para construir un complejo artificial frente a la capital. Isla Luna sería accesible a todos los bolsillos y acogería a unas 1.000 familias. Ni el Ayuntamiento ni la Generalitat se han pronunciado aún sobre el megacomplejo.

¿Decían que Valencia era una ciudad que vivía de espaldas al mar? El más sorprendente de muchos proyectos que buscan cambiar esta tendencia se está fraguando estos días previos al Salón Inmobiliario Urbe. Un grupo inmobiliario proyecta la construcción de una inmensa isla artificial a un kilómetro de la mítica playa de La Malvarrosa de Valencia. Su nombre, Isla Luna. ¿Publicidad o futurismo residencial?

A diferencia de las elitistas islas de Emiratos Árabes o Miami, Isla Luna estaría concebida para convertirse en un barrio más. El proyecto ocuparía 1,6 millones de metros cuadrados, de los que un millón estaría ocupado por tierra y el resto por canales. El proyecto tendrá capacidad para acoger a unas 1.000 familias en apartamentos de un dormitorio, adosados, pareados o 'lofts' y edificios de baja altura.

El proyecto ya tiene "inversores españoles para cubrir los 5.000 millones de euros" en los que se estima su coste y, en caso de comenzar "mañana", su construcción estaría terminada en 2020

Una prueba de que las promociones de la isla no estarían dirigidas a unos pocos afortunados es que el proyecto prevé que entre un 25% y un 30% de las viviendas estarían reservadas para viviendas sociales. En el mercado libre, el apartamento más pequeño, de 40 metros cuadrados, tendría un precio mínimo de en torno a 300.000 euros.

El grupo Redis 6, promotor del proyecto, es una inmobiliaria valenciana afincada en la capital desde hace 27 años. Su director general, Oscar López, aseguró durante la presentación del proyecto que todas las viviendas serían "bioclimatizadas" y de "calidad" tanto en los materiales como en sus acabados.

De hecho, el medio ambiente será una prioridad. La isla contaría con plataformas fotovoltaicas, un parque eólico y sistemas de captación de energía solar. El suministro de agua iría cargo de una desaladora y un sistema de extracción de aguas, además de una depuradora submarina.

El ambicioso proyecto se presenta en un momento complicado para el sector inmobiliario en el que la demanda está estancada y la oferta sigue creciendo. En este sentido, López se muestra convencido de que Isla Luna saldrá adelante y tenga un gran éxito de ventas.

Ni Generalitat ni ayuntamiento se ha pronunciado. El director del grupo Redis reconoció que es un "momento delicado" para que Ayuntamiento, Generalitat o Gobierno se pronuncien sobre el proyecto dada la proximidad de la elecciones generales en marzo de 2008 y, de hecho, "no ha habido ningún contacto" con las instituciones para tramitarlo.

Aun así, en caso de obtener las licencias necesarias para llevarlo a cabo, ya tiene "inversores españoles para cubrir los 5.000 millones de euros" que se estima que costaría y, en caso de comenzar "mañana" su construcción, estaría terminada en 2020, señala López.

En este nuevo barrio flotante no faltaría de nada, incluso la demanda cultural quedaría cubierta. Habría espacios de uso educativo y cultural, donde se podría encontrar un ‘Museo de la Luna’, colegios, guarderías, así como escuelas náuticas o de submarinismo. La zona de ocio y entretenimiento albergaría hoteles de 5, 6 y 7 estrellas, gimnasios, restaurantes, terrazas, cafés, cines, campo de golf, balnearios-spa, discotecas y club de campo, entre otras alternativas.

El enclave estaría conectado con la península por un viaducto principal con espacios para autobús, tranvía, el resto de vehículos, bicicletas e incluso peatones. En cuanto a las conexiones interiores, Chelo Paredes, una de las arquitectas del proyecto, afirmó que "la isla se dividiría en zonas independientes" y se unirían a través de "conexiones puntuales" que favorecen el transporte marítimo, de modo que, "consisten en puentes móviles o tienen suficiente altura para que pasen las embarcaciones".

Por su parte, Clara Paredes, la otra arquitecta a cargo, explicó que la isla contaría con infraestructuras y servicios públicos suficientes para poder ser totalmente independientes de la península. ¿Realidad o ficción?

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sábado, 17 de noviembre de 2007

Más imputados por la tala de Navas del Marqués

El juez imputa a otras 15 personas por la tala masiva en Navas del Marqués

El promotor inmobiliario y los técnicos que aprobaron la recalificación del refugio de cigüenas, citados

El juzgado de Ávila que instruye el caso por la aprobación de la ciudad del Golf -una urbanización de 1.600 chalés, hotel y cuatro campos de golf, en un pinar de Ávila especialmente protegido- ha ampliado drásticamente el número de imputados. Tras declarar por la presunta corrupción en la aprobación el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, el secretario municipal, el director de Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el ex presidente de la Diputación, Félix San Segundo, el juez ha aceptado la petición de la asociación ecologista Cetaurea y llama a declarar a ocho miembros de la comisión territorial de urbanismo, al promotor del complejo, Francisco Gómez, alias El Paloma, y a seis técnicos que avalaron la recalificación.

En un auto fechado el 12 de noviembre, el juez llama a declarar a todos los miembros de la comisión de urbanismo "vista la existencia de acuerdos adoptados por unanimidad tendentes a conseguir la urbanización en suelo especialmente protegido desde la perspectiva de los delitos relativos a la ordenación del territorio". La comisión aporbó la recalificación de un pinar especialmente protegido que incluye una parte considerada área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. El plan le permitía a la empresa la tala de más de 35.000 pinos maduros. Un vecino molesto porque a él no le recalificaron el suelo recurrió y en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la urbanización. Ahora, como en Marbella, el juez trata de dirimir si hubo prevaricación.

Años antes de iniciar la urbanización, el ayutamiento, la Junta y la diputación, del PP, habían pactado por escrito con el promotor que le recalificarían el pinar. El alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, pactó en 1999 con el Banco Santander, propietario de Unión Resinera, la compra de 7.000 hectáreas de monte del pueblo por nueve millones de euros que saldrían de una recalificación de 95 hectáreas de pinar para hacer una urbanización. Para el banco no era garantía suficiente, ya que la Junta podría frenar la urbanización. Así que ésta entró en la operación.

La Consejería de Medio Ambiente entró con el 20% de la sociedad pública Montes de las Navas, SA. El Ayuntamiento se quedó con el 70% y la Diputación, el 10%. En 2001 buscaron un promotor para edificar el pinar. Según un consejo de administración, contactaron entonces con la empresa Residencial Aguas Nuevas, del promotor alicantino Francisco Gómez, alias El Paloma, también presidente de varios equipos de fútbol. Entonces la empres ya firmó "su intención de adquirir 95 hectáreas de pinar por 9,157 millones de euros".

El pinar salió a subasta y se lo quedó la empresa que diseñó la urbanización. El solar era ya de 215 hectáreas (de las cuales el municipio sólo había recalificadas la mitad). Era más del doble del terreno pactado inicialmente pero or prácticamente el mismo precio. Era febrero de 2002 y en julio, al firmar la escritura, la constructora introdujo una cláusula por la cual, si el terreno no estaba recalificado en dos años, la empresa pública le indemnizaría.

Sólo el Tribunal Superior de Castilla y León, contra todo pronóstico, anuló la urbanzición para proteger el medio ambiente, ya que consideró que la Junta vuleró su propia normativa de protección de la cigüeña negra. La sentencia no impidió que El Paloma talase unos 3.000 pinos antes de que el fiscal de Medio Ambiente lograse parar la tala.

Por el juzgado ya han declarado cuatro imputados y ahora pasará un representante de la empresa Aguas Nuevs, José Ángel Arranz, que firmó informes favorables junto a Mariano Torre; Juan Manuel Pardo Ontoria, jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de Ávila; Sabas Yagüe que emitió informes contradictorios; José Igancio Molina entre otros técnicos. La lamada se produce porque los ya imputados se han escudado en los informes de los técnicos y en la unanimidad de la comisión territorial de urbanismo para justificar la urbanziación.

* (Noticia publicada en el diario El País por Rafael Méndez el 17 de noviembre de 2007)

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jueves, 1 de noviembre de 2007

Demolición del Algarrobico

Aprobada la demolición del hotel del Algarrobico antes de fin de año.

El Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), órgano asesor del Gobierno, aprobó ayer por unanimidad la demolición del hotel "ilegal" de la playa del Algarrobico antes de 2008. La construcción ha sido considerada el paradigma de la invasión urbanística de las costas españolas.

A instancias de las organizaciones ecologistas representadas en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena-, este órgano de consulta del Gobierno en materia ambiental ha aprobado de hoy una resolución instando a la demolición del hotel ilegal de La playa del Algarrobico.

La resolución insta a las administraciones públicas para que pongan todos los medios y adopten todas aquellas medidas necesarias para que la demolición del hotel que ocupa la playa del Algarrobico sea una realidad antes de que finalice el año 2007.

De igual forma, la resolución aprobada insta a que se realicen todas aquellas actuaciones necesarias para la recuperación íntegra del dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre de protección de la playa del Algarrobico, situada dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería.

Las organizaciones ecologistas recuerdan en un comunicado que las principales ilegalidades que rodean a esta construcción son que el hotel se ubica dentro de los límites del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Añaden que la obra se ha realizado en un sector que se encuentra en las zonas denominadas B y C, incompatibles con el uso urbanístico.

Según la normativa urbanística que ampara la construcción del hotel contraviene lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y en el Plan de Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Los ecologistas añaden que la licencia de obras del hotel fue concedida en 2003 contraviniendo la ley al ubicarse dentro de los 100 metros de la zona de Servidumbre de Protección y dentro de los 500 metros de la zona de Influencia establecidos en este texto legal, "por lo que la licencia de obras es nula".

- Noticia publicada en el diario El Mundo el 31 de octubre de 2007 por Gustavo Catalán Deus -

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